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Fernando Luengo y Nacho Álvarez - 29/08/11

Las políticas de moderación salarial están en el centro de las agendas de los gobiernos europeos, de Bruselas y del Fondo Monetario Internacional. A pesar de que el epicentro de la crisis económica se sitúa en el sector financiero y en su deriva especulativa, se invocan esas políticas como piedra angular para su superación y para afrontar con éxito el desafío competitivo. Dejando a un lado el efecto adverso sobre un crecimiento todavía frágil de las estrategias de reducción de los costes laborales en un contexto, como el actual, de débil demanda, cabe plantear otros interrogantes sobre su efectividad y alcance.

Se pretende incidir en la estructura de costes de las empresas, pero en realidad la importancia relativa de los costes laborales en los costes totales o en la facturación global de las firmas  han tendido a aminorarse, representando a menudo una pequeña parte de los insumos totales o del precio global del producto. Así pues, las políticas de moderación salarial afectan únicamente a una parte (decreciente) de la estructura de costes de las empresas. Otros costes no laborales son habitualmente relegados en este debate.

Además, conviene aclarar y enfrentar los conceptos "política salarial" y "política de rentas". Aunque, a menudo, ambos términos se intercambian para aludir al mismo instrumento de política económica, no son en absoluto sinónimos. Las políticas de rentas desbordan con mucho las centradas en el plano estrictamente salarial: los rendimientos de tipo financiero, los ingresos derivados de la propiedad, los obtenidos por el libre ejercicio de la profesión, los beneficios empresariales y las retribuciones de los accionistas pertenecen a esa categoría. Su verdadera relevancia, dado el margen de ocultamiento fiscal de este tipo de ingresos y la opacidad de una parte de los mercados donde se generan, podría estar infravalorada en las estadísticas oficiales. De cualquier modo, con algunas excepciones, estas rentas permanecen al margen de las políticas de austeridad aplicadas sobre los salarios, habiendo crecido por encima de éstos durante las últimas décadas. Y, sin embargo, la competitividad empresarial también podría alcanzarse practicando políticas de austeridad sobre las rentas del capital y los márgenes de beneficio, y no sobre los salarios.

La economía convencional sostiene que estas rentas constituyen el motor del proceso de acumulación. Lo cierto, sin embargo, es que el viejo axioma de la teoría económica que identifica ahorro e inversión se ha visto trastocado, pues una parte sustancial de los beneficios se ha orientado a los mercados financieros y, más concretamente, a sus tramos más especulativos, donde se alcanzan elevadas tasas de rentabilidad. Este fenómeno, al tiempo que ha aminorado los recursos disponibles para la inversión productiva, ha aumentado el coste de los recursos necesarios para cubrir dicha  inversión.

Además, esta "lógica financiarizada" ha modificado la gestión empresarial e impregnado la estructura de incentivos de los equipos directivos: fijando cotas de rentabilidad ajustadas a criterios financieros, primando la asunción de riesgos excesivos, dando prioridad a la retribución del accionariado, favoreciendo los procesos de apalancamiento y presionando a la baja sobre los salarios y el empleo.

Los últimos informes de la Organización Internacional del Trabajo señalan que, cuando se comparan las retribuciones obtenidas por los directivos de mayor nivel de las grandes empresas –salarios pactados más stock options y diferentes bonus- y los salarios medios, los primeros representan más de 300 o 400 veces el ingreso de éstos. No encontramos tampoco rastro alguno en este tipo de retribuciones –que no han dejado de aumentar de manera vertiginosa en los últimos años- de las políticas de moderación salarial implementadas por los gobiernos para el resto de los trabajadores.

De todo ello se deduce que, incluso cuando el debate se sitúa en el terreno de la economía ortodoxa, la ausencia de una verdadera política de rentas que incluya las remuneraciones de directivos y gestores, los márgenes de beneficio y las rentas del capital, resta virtualidad, credibilidad y eficacia a la política económica.

En este contexto, donde las políticas económicas para superar la crisis parecen sustanciarse en las estrategias basadas en la contención salarial, es preciso preguntarse, en fin, hasta dónde llevar las medidas de austeridad, y cuáles son las referencias para fijar los niveles salariales, La respuesta proporcionada por la economía convencional es que el mercado es el árbitro, la mano invisible que permite alcanzar un nivel de equilibrio entre la población que ofrece su fuerza de trabajo y las empresas que la demandan.

Pero el mercado es el árbitro de un partido donde los distintos actores sociales –capital y trabajo– compiten en una enorme desigualdad. Los grandes cambios operados en la división internacional del trabajo –con la emergencia de nuevos competidores periféricos y la incorporación al mercado mundial de millones de trabajadores con bajos salarios–, proporcionan una enorme fortaleza a los partidarios de circunscribir la "política de rentas" a la moderación salarial.

Se trata, en todo caso, de una cuestión de gran trascendencia, no sólo económica sino también social y política. Tomar como referencia de los salarios en Europa los vigentes en las economías emergentes, o en las plantas de las transnacionales que operan desde esos mercados, significa instalarse en un espacio competitivo con notables déficit en materia de derechos humanos, laborales, políticos y ciudadanos, y supone introducir una lógica contraria a las políticas sociales y al Estado de Bienestar que debieran caracterizar al proyecto europeo.

Ignacio Álvarez y Fernando Luengo son investigadores del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, Universidad Complutense de Madrid.

Visto en SinPermiso