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Hacienda maniata a la inspección para no buscar delito penal en cuentas suizas
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07.07.2010 Estela S. Mazo

De cara a la opinión pública, el Ejecutivo de Zapatero, que ha hecho de la lucha contra el fraude fiscal su bandera, prometió lanzar la ley contra quien evadió sus obligaciones en Suiza. Pero, de puertas a dentro, la versión cambia completamente, pues las instrucciones internas dadas en la Agencia protegen a los presuntos defraudadores, rebajando al máximo su sanción (que nunca iría contra el principal de la cuenta, sólo contra sus intereses), su recargo por perjuicio a la Hacienda Pública, y eximiendo a los afectados de cualquier tipo de delito.

Un cambio que supondría que de los 6.000 millones opacos en Suiza –es sólo la estimación más fiable–, Hacienda, por intereses que el Ministerio no desvela públicamente, renunciaría a recaudar cerca de 1.500 millones. Y que supondría, para un presunto defraudador en Suiza de dos millones de euros, llegar a pagar por su evasión hasta 23 veces menos de lo que normalmente exigiría la inspección para otro contribuyente cualquiera. Todo ello en un contexto especial: se trata del primer caso de posible repatriación de capitales –la mayor desde la Transición– desde que surgieron los rumores de una amnistía fiscal generalizada, con lo que el caso de Suiza sentaría un precedente.

Esta denuncia ha sido destapada por los Inspectores de Hacienda. “Los efectos jurídicos que se han manifestado a los medios de comunicación no son los mismos que los que se desprenden de la instrucción conjunta de los Departamentos de Inspección y Gestión” que se emitía en la misma fecha, denuncian.

Hacienda emite una orden interna que contradice lo anunciado ante la opinión pública

- La versión pública
De un lado, la masiva nota de prensa de la Agencia dejaba claro que “el procedimiento no era una invitación de declarar sino un requerimiento formal”, dejando la puerta abierta al definitivo envío del afectado “a la jurisdicción penal por delito fiscal”. Por si quedaban dudas, frente a los micrófonos el director de la Agencia, José Manuel López Carbajo, aseguraba que la regularización “en nada excluye la imposición de sanciones, y, en su caso, si hay pruebas suficientes, de denuncias por los delitos correspondientes”. Todo un aviso a navegantes: poner al día sus impuestos no exime de delito.

La Agencia aprovechó ese discurso para reprender a las asociaciones que criticaron la amnistía, asegurando que actuaban “con ligereza, desconociendo el detalle y la investigación reservada”.

- La versión interna
¿Desconocimiento? El mismo día los inspectores de Hacienda recibían una instrucción, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, en la que la Agencia señalaba que, lejos de que la regularización ponga a los afectados a las puertas del delito, la reprimenda por el fraude a Hacienda se limitaría a una sanción tributaria por los intereses de los capitales opacos –limitada respecto a lo que supondría para todo el capital repatriado– y un recargo. Pero, en todo caso, eludiendo la responsabilidad penal personal. Las instrucciones recibidas rebajan el poder de los inspectores, a los que se criticó públicamente, para perseguir a los defraudadores.

- La textualidad del texto
En concreto, el mail interno con la instrucción dice que “dado lo específico del requerimiento (...) entendemos que sólo las rentas derivadas de dichas cuentas son las que deben dar lugar a la imposición de la sanción, debiendo considerarse que el resto de rentas se declaran de forma espontánea a los efectos de la aplicación del régimen de recargos del artículo 27 LGT”.

Aplicación ésta, por cierto, que supone admitir una amnistía fiscal encubierta. No acaba ahí la instrucción para, al fin y al cabo, seguir protegiendo a los titulares de las cuentas opacas. “Si el obligado presenta una autoliquidación que incluya todas las rentas en HSBC identificadas en el requerimiento finalizará el procedimiento iniciado”.

¿Y que pasa con las restantes autoliquidaciones? Eso también lo aclara la limitante instrucción de Hacienda: se efectuarán sin que exista ningún procedimiento tributario iniciado en relación a ese concepto y periodo, “por lo que se considerarán espontáneas dando lugar a un recargo de los regulados en la LGT”.

- La repercusión
Con casos concretos en la mano, esto significa que, una fortuna con dos millones de euros en una cuenta suiza, y con un interés del 4% anual durante tres ejercicios, pagaría sólo una sanción (del 150% de los intereses, sin el principal, lo que supondría 64.800 euros) y un recargo del 20% (172.000 euros) por el perjuicio originado a Hacienda. Así, en total, la regularización se saldaría desembolsando 236.800 euros, el 26% de la base de la sanción. De no hacer la vista gorda, el pago habría sido 23 veces superior: rebasaría los 5 millones.

Críticas a la falta de coordinación
“La Agencia Tributaria debería haber incluido a los titulares de las cuentas opacas suizas en el plan de inspección y haberlos citado para comprobar todo, IRPF y Patrimonio, no sólo intereses, al igual que han hecho las autonomías”, opina José María Peláez, inspector de Hacienda del Estado y presidente de la Asociación de Inspectores del Estado hasta 2007. Así lo declaró ayer Peláez en un curso de fiscalidad que organiza CISS, del Grupo Wolters Kluwer.

¿Casualidad? La Agencia purga su cúpula
La instrucción recibida no es una cualquiera. Enviada por la secretaria de la Dirección del departamento de Inspección, se dirige a los responsables de todas las delegaciones de la Agencia, con copia especial, en último lugar, al propio Carbajo. No es lo único que llama la atención: la firman María Dolores Bustamante y Carlos Cervantes, de quienes, precisamente, la semana pasada, prescindió Carbajo en una purga en la cúpula de la Agencia.

Las fuentes consultadas indican que, junto a una lógica renovación del equipo ante la llegada de un nuevo director –salió Pedroche en mayo por supuestas desavenencias con los responsables de Economía–, el caso de las cuentas en Suiza ha sido clave en esta reorganización, dadas las distintas opiniones en la Agencia acerca de este asunto. En el documento que se adjunta, se muestra la instrucción que recibieron las delegaciones, dando órdenes contradictorias sobre la investigación.

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Fuente - Publicación: Expansion

 


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