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Las mentiras del Decreto
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Las mentiras del Decreto

No se trata de crear una red sanitaria paralela, sino de conservar la atención sanitaria universal. Miembros de la campaña explican su desobediencia.


DiagonalPeriódico - 19/09/12 Foto: Olmo Calvo (MADRID. Presentación de la campaña Yo Sí Sanidad Universal)

YO SÍ SANIDAD UNIVERSAL->http://Yosisanidaduniversal.net (Campaña ciudadana contra el RDL 16/2012

El Real Decreto Ley 16/2012 supone el desmantelamiento del modelo sanitario que teníamos, no su “recorte”. Nos producen tanta preocupación como indignación las mentiras sobre las que camina. Se abrió con la escandalosa maniobra que incluía el turismo sanitario en la polémica, pese a que el Real Decreto nada añade a los mecanismos que ya había para facturar a su país el trasplante cardiaco que una persona europea pueda hacerse aquí. Se quería envolver así la exclusión de cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas de su derecho a la atención sanitaria u obligarles a que se les facture, y esto en el humo de la mayor mentira: se transmite que la Sanidad se paga por la cotización a la Seguridad Social (SS). Esto es falaz y lo recordaremos sin cesar: Las personas hoy excluidas, migradas o autóctonas, la pagan cada día. Ni un euro sale de las arcas de la SS para centros de salud o medicinas.

La Sanidad es como el alumbrado o las carreteras: la pagamos con la renta, el pan, la gasolina. La pagamos todos y todas. A la ocultación de esto acompañan asunciones falsas, como que sea cara (es una de las más baratas de la UE), ineficiente (aunque mejorable, es considerada una de los mejores del mundo desarrollado) o insostenible (en ese caso, no estaría siendo ya disputada por compañías privadas). Cuando un Estado habla de Sanidad, debe contarla como inversión, no como gasto.

El Gobierno tenía que gestionar algo que es de todos, pero lo desmantela. Es el auténtico ‘antisistema’

Por eso afirmamos que aquí el Gobierno es el auténtico “antisistema”. Su trabajo era gestionar algo que es de todos, pero lo desmantela para imponernos otra cosa, de otros, y muy cara. Juega la vieja estrategia de la división social. Como con la reforma laboral cuando se dijo que quienes trabajan deben ceder sus derechos por solidaridad con quienes están en paro, como si estos últimos cuando trabajen no fueran a sentir también esa pérdida. Alienta la xenofobia. No vivimos en compartimentos estancos. En el campo de la salud, el RDL crea diferencias entre personas aseguradas y las que no, y entre las aseguradas en función de su renta. Se criminaliza a las más débiles (a veces las que más han contribuido), como si enfermar fuera un delito.

Exigimos la derogación de este RDL. Lo desobedecemos visiblemente ante un legislador, al que, perdida su legitimidad, solo queda la imposición. Desobedecemos para mantener el sistema que garantizaba la atención sanitaria, y al hacerlo visibilizamos su crimen y los avergonzamos por su violencia.

En efecto, llamamos a la desobediencia civil a un texto vulnerador de principios fundamentales, y aprobado al margen de los mecanismos democráticos. Desobediencia, porque usa la “economía” como si fuera autónoma de su fin: la construcción del modelo que socialmente elegimos. Desobediencia, porque se apoya en terribles y peligrosas mentiras y quiere enfrentarnos. Desobediencia porque destruye la solidaridad sobre la que se fundan las sociedades, y porque aceptarlo sería un envilecimiento cómplice que disolvería los cimientos y el corazón de la nuestra. Desobediencia, en fin, porque esta ley mata personas.

No queremos subvertir el modelo que tenemos, y tampoco diseñar uno alternativo. Creemos que ni instituciones ni ONG deberían hacerlo. Al contrario, vamos a seguir dándonos, ciudadanos y ciudadanas nativas y migrantes, lo que elegimos y levantamos con nuestro esfuerzo. Pretendemos tumbar este RDL desde la práctica, y para ello estamos uniéndonos los usuarios y usuarias con quienes trabajan en la salud (enfermería, medicina, farmacia, administración, etc.) de forma corresponsable y solidaria. Impediremos que este Gobierno deslegitimado y enloquecido nos robe algo tan esencial y nos haga cómplices de ello. Si nos quiere separar, nos uniremos más.

NO TENGO TARJETA PERO SÍ UN SEGURO

Una semana después de que las personas sin permiso de residencia desaparecieran de las bases de datos de los servicios autonómicos de salud sigue siendo una incógnita la aplicación de una de las piezas anunciadas por el Gobierno para la futura atención de este sector: el convenio al que podrán acogerse los sin papeles previo pago de 710 euros anuales. En las instrucciones enviadas a las autonomías se menciona el convenio, pero nada más. Si se concreta, la medida se unirá a la cadena de de contradicciones legales provocadas por la Ley de Extranjería. En este caso, la firma de un contrato (¿mercantil?) entre la administración y alguien a quien el Estado no reconoce un estatuto de ciudadanía.


Más información:

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