Pensión completa

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Jubilados de oro. Muchos políticos tienen que trabajar tres veces menos que los ciudadanos de a pie para asegurarse el mismo retiro

AGOSTO 2010

Va por barrios. En un lado de la balanza económica, Cataluña. Meses antes de abandonar el cargo, Jordi Pujol dejó atado el futuro de los 'presidents'. Cobraría 76.800 euros anuales hasta 2014 y después una pensión de 57.600 euros de manera vitalicia. Pasqual Maragall dejó la Generalitat con una indeminación de 125.000 euros para una legislatura y más tarde le quedará el 60% del sueldo como pensión (más de 90.000).

Manuel Chaves tiene una cuenta bancaria asombrosa. El vicepresidente tercero del Gobierno publica un patrimonio de 68.964 euros, aunque cobra al año 81.155 por ser ministro más una indemnización de 46.000 al año por abandonar la presidencia de Andalucía. Eso son 127.155 anuales, más de 'veinte kilos'. Al borde de su jubilación, el político ceutí tiene que elegir: o la pensión del 60% del sueldo de presidente andaluz o la del 80% de su sueldo de ministro.

La mayoría de consejeros vascos y el lehendakaris también percibirán un buen pellizco una vez se retiren. En concreto, el 50% de su sueldo. Así, Ibarretxe o Patxi López tendrán, además de la indemnización por dejar el cargo, una pensión del 50% de su sueldo (50.000 euros). Los ex presidentes valencianos cobran 77.000 euros de indemnización durante 15 años (los que más después de los catalanes), aunque hasta ahora todos los ex presidentes han renunciado al dinero.

En Extremadura, PP Y PSOE se pusieron de acuerdo para acordar indemnización y pensiones para los expresidentes por un 80% de su sueldo. La medida levantó, obviamente, una buena polémica. Su ex presidente, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, renunció a los privilegios y volvió a su trabajo como profesor de universidad.

Los hay más austeros. En comunidades como Murcia o La Rioja, los parlamentarios son ciudadanos comunes sin ningún tipo de régimen especial y volverán a su status de pensionista normal y corriente. Para entonces tendrán 65 años. O 67.

Los dos llevan doce años en su trabajo y los dos han cotizado lo máximo. Él tiene la seguridad de que cuando se jubile le quedará la pensión más alta, usted no. En condiciones similares, él tiene la jubilación asegurada, usted no. Él se puede ahorrar 24 años de cotización máxima, y usted no. Cuando llegue la hora de descansar, a usted le mirarán con lupa hasta el último euro que ha entregado a la Seguridad Social, a él no. ¿Por qué? Porque él es diputado. Y usted no.
El Gobierno ha abierto la caja de los truenos al mostrar su intención de retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67, e incrementar los años que se computan para fijar la pensión. ¿Y ellos?, se preguntan los españoles. Ellos disfrutan de un régimen distinto a la hora de jubilarse. Su retiro es, si cabe, más dorado.

A saber: la mayor diferencia que existe entre usted y su señoría es que él tiene que trabajar menos años para percibir la pensión máxima cuando mimar a los nietos sea más importante que obedecer al jefe. Mientras los españoles sin escaño tienen que cotizar un mínimo de 35 años para cobrar los 34.000 euros anuales que otorga el retiro más feliz que se concibe, a ellos les basta con once años de carrera en el Parlamento (ya sea el agraciado senador o diputado). El beneficio les llega a partir de los siete años, cuando el Estado les asegura un 80 % de la jubilación máxima. Si están nueve, un 90%. Si usted cotizase durante once años, no percibiría ni la pensión mínima, para la que son necesarios 15 años de contribución.

No es que la Seguridad Social los considere como seres distintos a usted. El sistema paga por el señor diputado lo mismo que por cualquiera: las Cortes abonan la diferencia. Si a un ex senador le quedan a los 65 años 1.000 euros de pensión, la Cámara pondrá 1.400 como complemento.

Con la inminente reforma de la Seguridad Social, la brecha entre los políticos y el resto tiende a abrirse más. Una de las intenciones sobre las que reflexiona el Gobierno es ampliar el periodo de cómputo, es decir, los años laborales contabilizados para fijar cuánto se cobra. En adelante, los españoles tendrían que pagar más dinero durante más años (no se sabe cuántos), mientras que un congresista que deje el escaño en 2010 podrá cotizar lo mínimo el resto de su vida.

El régimen no ha caído del cielo. Se lo inventaron los propios parlamentarios, que en 2006 se blindaron el futuro con un reglamento que instituía la figura de la pensión parlamentaria.

¿Lo considera injusto? El presidente de la Asociación de Exparlamentarios, Fernando Sanz (PSOE), también. «Evidentemente injusto, pero es lo que hay y si lo aprovechan unos, lo tendrán que aprovechar todos», justifica. Sanz recuerda que esta normativa no era aplicable antes de la octava legislatura, cuando los parlamentarios tenían que cotizar como todo hijo de vecino. En esos días, se aplicaba «la beneficencia» de las Cortes para sacar de apuros a personas que habían pasado del sillón a la ruina. Ahora, la batalla de su asociación es que la norma se haga efectiva con carácter retroactivo para los parlamentarios que no llegaron a 2006.

El periodista Daniel Montero conoce bien el caso, que explicó con detalle en su libro 'La casta' sobre las prebendas, chollos, enchufes y demás privilegios más o menos legales de los que se beneficia la clase política. En su opinión, lo que resulta «alucinante» es que «se den prisa» en revisar la jubilación de los españoles «y no actualicen normativas como ésta».

En 2006, sus señorías se echaron un cable a ellos mismos. La medida servía, dicen, para compensar los problemas que tienen algunos cargos electos a la hora de incorporarse a la empresa privada, una vez concluida su carrera política. Es, quizás, el privilegio menos discreto, pero no el único.

Al margen de la jubilación, existen beneficios claros para los políticos que dejan el cargo. Un ejemplo es el de los cargos que están por encima de los secretarios de Estado en un ministerio. Cuando un ministro deja su cargo, no puede ejercer en un puesto con capacidad de decisión en el área de su cartera. Como indemnización por cese de su actividad, que así se llama el concepto, percibirá el 80% de su sueldo durente dos años. Si en ese tiempo vuelve a un escaño de diputado, sumará las dos nóminas, un pico de unos 12.000 euros al mes, dos sueldos del Estado al mismo tiempo, un pastel al alcance solamente de los altos cargos.

Los presidentes del gobierno también se han blindado un futuro al margen de la empresa privada: indemnización del 80% del sueldo durante dos años tras dejar el cargo, una pensión vitalicia del 80% de su sueldo una vez lleguen a los 65. Mientras tanto, optan a una silla libre en el Consejo de Estado, una labor que les deja 74.000 al año. Aznar fue el primero que lo solicitó y se lo denegaron. A cambio, disfrutaba de un puesto como asesor del magnate Rupert Murdoch con un sueldo de unos 130.000 anuales.

Evo volverá a la huerta

¿Qué pasa en el extranjero? Si hubiese nacido en el cuerpo de un presidente estadounidense, al dejar de ser el hombre más poderoso del mundo percibiría una pensión de 135.000 euros anuales. En el caso de ser primer ministro británico, ganaría un retiro de 94.000 euros más 120.000 para mantener oficina y escolta. Puede que sea poco por estar en la diana de las críticas de medio mundo, aunque si se compara con lo que ganan por conferencias, el sueldo es una migaja. Los medios británicos estiman que Tony Blair se lleva a casa más de 100.000 cada vez que abre el pico.

Evo no quiere el dinero. El presidente boliviano ratificó en 207 una norma por la que los gobernantes de su país dejarían de tener una pensión al dejar el cargo. Tampoco sus ministros. A él, no le preocupa: volverá a la agricultura.

Los parlamentos autonómicos también tienen lo suyo, aunque la alegría va por barrios. En un lado de la balanza económica, Cataluña. Meses antes de abandonar el cargo, Jordi Pujol dejó atado el futuro de los 'presidents'. Cobraría 76.800 euros anuales hasta 2014 y después una pensión de 57.600 euros de manera vitalicia. Pasqual Maragall dejó la Generalitat con una indeminación de 125.000 euros para una legislatura y más tarde le quedará el 60% del sueldo como pensión (más de 90.000).

Manuel Chaves tiene una cuenta bancaria asombrosa. El vicepresidente tercero del Gobierno publica un patrimonio de 68.964 euros, aunque cobra al año 81.155 por ser ministro más una indemnización de 46.000 al año por abandonar la presidencia de Andalucía. Eso son 127.155 anuales, más de 'veinte kilos'. Al borde de su jubilación, el político ceutí tiene que elegir: o la pensión del 60% del sueldo de presidente andaluz o la del 80% de su sueldo de ministro.

La mayoría de consejeros vascos y el lehendakaris también percibirán un buen pellizco una vez se retiren. En concreto, el 50% de su sueldo. Así, Ibarretxe o Patxi López tendrán, además de la indemnización por dejar el cargo, una pensión del 50% de su sueldo (50.000 euros). Los ex presidentes valencianos cobran 77.000 euros de indemnización durante 15 años (los que más después de los catalanes), aunque hasta ahora todos los ex presidentes han renunciado al dinero.

En Extremadura, PP Y PSOE se pusieron de acuerdo para acordar indemnicazión y pensiones para los expresidentes por un 80% de su sueldo. La medida levantó, obviamente, una buena polémica. Su ex presidente, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, renunció a los privilegios y volvió a su trabajo como profesor de universidad.

Los hay más austeros. En comunidades como Murcia o La Rioja, los parlamentarios son ciudadanos comunes sin ningún tipo de régimen especial y volverán a su status de pensionista normal y corriente. Para entonces tendrán 65 años. O 67.

GOBIERNO DE ESPAÑA

Los ex presidentes españoles cobran el 80% del sueldo durante dos años como indemnización. Al jubilarse perciben también el 80% de la paga (aproximadamente 70.000 euros) y hasta que tienen 65 años pueden ser parte del Consejo de Estado (74.000 euros anuales).

CATALUÑA

Jordi Pujol fue el primero en blindar las pensiones de los 'presidents' antes de jubilarse con 76.000 euros (un 60% del sueldo). Maragall cobra 90.000 más indemnizaciones.

PAÍS VASCO

El lehendakari, los vicelehendakaris, los consejeros y viceconsejeros vascos cobrarán en su jubilación el 50% del sueldo que tenían cuando estaban en el cargo. Deben haber desempeñado al menos dos años ese puesto.

ANDALUCÍA

Cuando se jubile, José Antonio Griñan cobrará el 60% de su sueldo de por vida. Su antecesor, Manuel Chaves, (que instituyó la norma) recibe 46.000 euros de indemnización como ex presidente de la Junta (dos años). Además podrá optar a la pensión de 60.000 por ex ministro.

ASTURIAS

Cuando se jubile, el presidente Vicente Álvarez Areces tendrá una pensión como la de cualquier español de a pie. Ni él ni sus altos cargos tienen privilegios especiales, como en los casos de Murcia o La Rioja, entre otros. Son tres de las comunidades más austeras ya que aún no han instituido beneficios para sus gobernantes.

 

El Comercio Digital