El copago sanitario. Entrevista a Àngels Martínez Castells

ministra sanidad
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El pasado 10 de Junio se realizó en Barcelona una jornada contra el copago sanitario en la que se expusieron argumentos contra esta nueva ofensiva por parte de algunos sectores de la patronal así como de algún sector de los gobiernos catalán y español. Sergi Raventós entrevistó para Sin Permiso a Àngels Martínez Castells, economista, feminista y una de las fundadoras de la organización en defensa de la sanidad pública Dempeus, una de las organizaciones convocantes de la jornada.

JUNIO 2010Escuchar

¿Qué es el copago sanitario? ¿En qué consiste y por qué se plantea?

Tal como lo defienden los grupos de intereses de la sanidad privada y determinadas autoridades sanitarias se trata de una medida que representa de hecho un nuevo impuesto o tasa sobre la enfermedad, con el pretexto de contribuir a reducir el déficit de la sanidad y “moderar su demanda”. Se barajan distintas modalidades posibles, todas ellas lesivas para la ciudadanía, desde un ingreso nuevo por prestación: visita al médico de cabecera, atención en urgencias, un incremento de lo que ya constituye copago por medicamentos, extensión de dicho copago a las personas jubiladas que pertenecen a la Seguridad Social, no a Muface, y que están exentas de cualquier pago, hasta un menor ingreso por desgravación al incitar a ciudadanos y ciudadanas a contratar los servicios de una mutua privada, deduciendo posteriormente su importe a la hora de hacer la desgravación de la renta.

¿Cuáles son los argumentos que se dan? ¿Se cree que la gente abusa del sistema sanitario?

El argumento formal que se da es el incremento del coste de la factura sanitaria por mayor población a la que se debe atender y mayor gasto de las prestaciones (tecnología empleada más costosa, tratamientos más sofisticados…). Con ello se obvia la responsabilidad de gestión de las autoridades sanitarias, desplazando la responsabilidad hacia las personas enfermas a las que se las culpabiliza, además, de manera sesgada: las personas inmigrantes, se dice, colapsan los servicios de salud (si tuvieran que pagar no lo harían), las personas jubiladas despilfarran en medicamentos (como si no respondiera su acceso a recetas que se deben emitir por protocolos desde los CAPS correspondientes, o como si España no fuera de los países con menor tasa de utilización de genéricos, o como si los envases no contuvieran por lo general dosis mayores de las necesarias…) y a las personas con enfermedades crónicas, por mucha frecuentación de los establecimientos sanitarios (como si ello no respondiera a las necesidades de atención de unas enfermedades con las que es difícil convivir y para las que muchas veces se programan, de manera escalonada y reiterativa que obliga a numerosos desplazamientos, distintas pruebas diagnósticas o de control que multiplican las visitas a los centros hospitalarios o de atención primaria…).

No puede generalizarse en absoluto la afirmación de que la gente abusa del sistema sanitario. A nadie le gusta padecer una enfermedad, o estar meses y años en algunos casos, con innumerables visitas al médico o probando distintos fármacos, sin un diagnóstico o tratamiento concluyente. Si ello fuera así, también supondría revisar su estado de salud mental. En cambio, el sistema sanitario sí abusa y en algunos casos maltrata incluso a determinados pacientes a los que expulsa de la atención pública por las largas listas de espera que debe soportar, la hipermedicalización a la que les somete, el abuso del modelo biomédico curativista y hospitalocéntrico, o la poca adecuación de sus instalaciones a sus necesidades reales. Estoy pensando en las personas con sensibilidad química múltiple para las que no existe un área absolutamente estéril para ser recibidas y tratadas 

¿Hay diferentes versiones propuestas del copago sanitario? Si es así, ¿estás de acuerdo con alguna?

En absoluto, y menos en tiempos de crisis. La única manera de resolver en equidad el mayor gasto sanitario consiste en asumir (por derecho humano y de ciudadanía) que todas las personas que residen en un país –al margen de su legalización formal-- deben tener pleno derecho a la atención sanitaria. Para ello, el Ministerio y las autoridades autonómicas correspondientes deben disponer en los Presupuestos las partidas suficientes en base a un sistema fiscal que cumpla una función realmente redistributiva. Por el lado del gasto, la experiencia nos demuestra que las privatizaciones en la salud, los conciertos con el sector privado, la entrega al sector farmacéutico, la no existencia o deficiencias en investigación y formación desde el sector público, encarecen de manera desmesurada e incontrolada el gasto sanitario, al tiempo que son responsables de una peor atención sanitaria que llega, en muchos casos, a suponer graves riesgos para la salud de las personas atendidas. En atenciones a la salud toda intervención necesaria que se demore o se haga de forma incorrecta acabará pasando factura, irremisible y a veces irreversiblemente, tanto en términos de salud como económicos y sociales. España está todavía muy por debajo del gasto sanitario medio de los países de la UE y es absurdo hablar de copagos (que de hecho significan repagos) cuando desde los Presupuestos queda mucho trecho todavía para alcanzar la media europea (por no hablar de la racionalización del gasto, contención de las transferencias al sector privado, etc…)

En estos momentos de ajustes económicos por parte del gobierno y de ofensiva de la patronal española agrupada en la CEOE, ha vuelto con virulencia este debate. ¿No es así?

El debate sobre el copago se ha recrudecido con la crisis económica en la medida que los servicios públicos, y en concreto sanidad y enseñanza, se han constituido en un auténtico botín que va más allá de los cruentos ataques por una redistribución de la renta a favor de los más poderosos. La disminución de plantillas, las privatizaciones y el copago significan un ataque a la base de sustentación de los servicios públicos nucleares del Estado del Bienestar con el que se pretende acabar para suplantar los últimos vestigios de un pacto social europeo surgido de la II GM en una correlación de fuerzas que se olvida demasiado a menudo, por el “modo de vida americano” que no es otra cosa que el “modo de explotación” americano, con derechos sólo para los ricos, y salud para quien se la puede pagar. La crisis se usa también de manera oportunista para debilitar las resistencias sindicales y las defensas civilizadas organizadas. Desde Dempeus per la Salut Pública afirmamos que la salud es un derecho y no una mercancía. Aceptar medidas como el copago va en sentido totalmente distinto. 

¿Que dice la OMS sobre el copago?

En la propia OMS se encuentra abundante bibliografía que demuestra que el copago reduce el acceso a los servicios tanto a las personas para consultas que no son imprescindibles como de las personas para las que sí es absolutamente necesario acudir a los servicios de los profesionales de la sanidad. Los “ahorros” sociales de algunas visitas no del todo necesarias no compensan en manera alguna el riesgo personal y social en que se incurre por la barrera clasista y económica que supone el copago. En este sentido, consideramos que la OMS debe recuperar, en materia de salud, su preeminencia sobre otras organizaciones internacionales que pretender imponer sobre la inmensa mayoría de la población el dictado de las patentes y el supuesto “librecomercio” (OMC) o de las finanzas tal como se entienden en el neoliberalismo (FMI).

¿Qué propuestas alternativas hay?

Una racionalización de este sistema “mixto” que supone la parasitación del sistema público para lucro del privado y que implique la progresiva redimensión a la baja del sector privado. La inclusión de un sistema de prevención asequible, público, y muy pegado al terreno y a las necesidades reales. El acompañamiento de la atención médica, la formación de personal profesional y la investigación basada en la realidad sanitaria y la aparición de nuevas enfermedades, muchas de ellas provocadas por la insalubridad del sistema económico y el agravamiento del medio ambiente... Pero  mucho más concretamente, la desaparición de las Mutuas Patronales que entorpecen y añaden opacidad al sistema (al tiempo que manejan altas y bajas con criterios que responden más a la rentabilidad empresarial que a la necesaria recuperación de la persona enferma)… En concreto, Muface representa el mayor de los sinsentidos en la medida que las personas funcionarias, sólo por opción explícita, pueden utilizar los servicios públicos. La creación de un sector público potente en la producción, indicación prescriptora y suministro de productos farmacéuticos u otras variables terapéuticas… y tantas más, que no excluyen la elevación de los tipos de gravamen sobre las rentas personales y de capital más altas para conseguir mayores –y más justos—ingresos fiscales… Y puedo seguir con la imposición de las SICAV, la persecución del fraude fiscal, el retorno de los capitales “refugiados” en los paraísos fiscales… ¿sigo?

Lo importante es que cada día es más evidente para la sociedad que el copago es de hecho un repago que sólo beneficia a la industria privada de la sanidad, y en este sentido vale la pena difundir la Declaración que se aprobó el pasado día 10 de Junio en Barcelona bajo los auspicios de las organizaciones Dempeus per la Salut Pública (http://dempeus.nireblog.com/) y la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, y que dice:

En estos momentos en que el gobierno de España ha impulsado un plan de austeridad con congelación de las pensiones, rebaja de las políticas sociales, recorte de sueldos al funcionariado y demás trabajadores y trabajadoras del sector público, con la intención de alargar la edad de jubilación de los 65 a los 67 entre otras medidas restrictivas contra las clases trabajadoras, han vuelto a surgir con más fuerza las voces favorables a la privatización de empresas y servicios públicos y a favor del copago en la sanidad pública.  

Las personas y organizaciones reunidas hoy, 10 de junio del 2010 en Barcelona, en esta Jornada Contra el Co-Repagament: per l'equitat i la salut pública, nos pronunciamos de manera resuelta y decidida contra el copago y cualquier otra medida que implique un desembolso adicional directo de la ciudadanía para acceder a los servicios públicos de salud, o de manera indirecta mediante fórmulas de desgravación fiscal por contratación de seguros sanitarios privados, por los siguientes motivos:  
 

1)  Cualquier medida que signifique una barrera económica, por pequeña que sea, que suponga un desembolso para poder acceder a los servicios de salud es perjudicial, regresiva e injusta en la medida que expulsa de un sistema universal --o pone trabas a su acceso-- a las personas con las rentas menores o mínimas. El pago o copago por la atención a los problemas de salud puede no ser asumible o bien representar una importante carga para las personas que pertenecen a los grupos más desfavorecidos. Éste es un aspecto fundamental a tener en cuenta desde la perspectiva de la equidad. Las distintas formas de copago existentes o en discusión pueden generar dificultades de acceso económico que acaban determinando desigualdades sociales en salud. Existe bibliografía significativa que recoge las experiencias en todo el mundo y da cuenta, además, de los estrepitosos fracasos de este tipo de medidas.

2)  Supone una discriminación adicional e injusta para las personas con mayores problemas de salud como son las ancianas, las que padecen enfermedades crónicas, y aquéllas que soportan cualquier tipo de discapacidades, las que están en espera de diagnóstico o tratamiento, o para las familias con más niños/as y gente mayor bajo su responsabilidad. 

3)  Las menores rentas salariales de España, el bajo nivel de la mayoría de pensiones y su propuesta de congelación incrementan la inequidad del copago sin que esta medida, compleja y burocrática, resuelva el déficit de financiación.

4)  La insuficiente presión fiscal en España en relación a los países de la U.E. y el deterioro de su progresividad de los últimos años no puede justificar una medida que va en el sentido de hacer pagar proporcionalmente más por los servicios públicos a los que menos tienen, agravando las desigualdades. Unos servicios públicos que ya de por sí son escasos en relación a los de los quince países más ricos de la UE. 

5)  Entendemos que los ingresos fiscales deben sostener todo el gasto sanitario actual y su desarrollo, que sería una medida antisocial introducir medidas lesivas como su REpago, en especial en tiempos de crisis, y que conviene una revisión a fondo de nuestra fiscalidad mejorando su carácter redistributivo y aumentando la financiación de unos servicios de sanidad probadamente eficientes a pesar de que están por debajo de la media europea. 

6) Si se aprobaran desgravaciones fiscales por el hecho de contratar cualquier tipo de seguro sanitario privado individual, entendemos que supondría una desviación (por no ingreso) de dinero público a la sanidad privada, debilitando la sanidad pública y favoreciendo únicamente a los que pueden pagarse un seguro sanitario privado. 

7) Frente a argumentos que justifican el copago como un mecanismo de contención del gasto, la propia OMS suministra abundante evidencia científica en el sentido de que el copago es un instrumento débil y no efectivo para mejorar la eficiencia y contener los costes sanitarios. 

8) El copago puede reducir el uso de los servicios preventivos, especialmente entre los grupos más vulnerables, lo que a largo plazo conduce a unos mayores costes sanitarios y a un deterioro general del estado de salud de la población. 

9) Hay evidencia de que las distintas fórmulas de copago reducen sin discriminar tanto la demanda necesaria como la considerada innecesaria, y que tienden a afectar la salud y la economía de una forma sesgada: las repercusiones son más negativas para las personas con menos ingresos y las de grupos sociales más desfavorecidos. 

10) Los argumentos de promoción del copago como medida de corresponsabilización por parte de la ciudadanía incluyen dos falacias, en la medida que responsabilizan a la ciudadanía y no a las autoridades sanitarias de las deficiencias existentes. Dichas deficiencias no las debe pagar la ciudadanía, y mucho menos si se mantienen para preservar, como ocurre de forma injustificada, determinados intereses económicos.

Por todo ello, las personas y organizaciones presentes nos comprometemos a difundir los argumentos y evidencias contra el copago, a sumar esfuerzos con todas las personas y entidades que perciban estas medidas como socialmente injustas, a oponernos por todos los medios democráticos a la implantación de estas propuestas entendidas como un auténtico impuesto sobre la enfermedad y que castigan más a las personas más necesitadas, y a denunciar y negar nuestro apoyo a quienes intenten introducirlas en nuestra sociedad.-  Barcelona, 10 junio 2010.

Àngels Martínez Castells es economista, feminista y una de las fundadoras de la organización en defensa de la sanidad pública Dempeus per la Salut Pública. Ha sido profesora de política económica en la Facultad de Ciencias Económicas de la UB.

www.sinpermiso.info, 13 junio 2010

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